La libertad de expresión

El 26 de junio de este año 2024, Julian Assange salió libre. Después de 12 años de confinamiento, el fundador de WikiLeaks aceptó un trato para declararse culpable de un cargo de conspiración, por obtener y revelar información clasificada de la defensa nacional de Estados Unidos.

En 24 horas Assange fue liberado de la cárcel, compareció en un tribunal en la remota isla estadounidense de Saipan (en las Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico) y regresó a Australia como un hombre libre. Después de 14 años de batallas legales, Julian Assange pudo volver a su país tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. El periodista, que en principio afrontaba 18 cargos penales, se declaró culpable de un único cargo: publicación de secretos militares estadounidenses. La jueza que presidió la audiencia reconoció a Assange los cerca de cinco años que pasó encarcelado en el Reino Unido, por lo que no prolongó la custodia y le concedió la libertad.

En realidad, Assange nunca debería haber sido acusado de espionaje. Y si bien es claramente una buena noticia que haya sido liberado, el cargo por el que se declaró culpable es alarmante para quienes están comprometidos con la causa de la libertad de prensa.

El tesoro de WikiLeaks, publicado en colaboración con medios de comunicación, reveló abusos atroces por parte de Estados Unidos y otros gobiernos. Abusos que de otro modo no habrían sido expuestos y por los cuales nadie, Nadie ha sido considerado responsable. El acto bajo el cual se acusó a Assange no permite ninguna defensa del interés público. En teoría, esto significa que las futuras administraciones estadounidenses –incluida una posible Casa Blanca de Donald Trump– podrían utilizar el resultado del caso Assange como estímulo para perseguir a la prensa.

Los años transcurridos desde que Assange entró por primera vez en la embajada de Ecuador en Londres, no han sido buenos para la libertad de prensa. Los periodistas corren peligro físico y legal en todo el mundo, sufren amenazas todas las semanas.

Una investigación, en colaboración con grupos de medios y “Forbidden Stories”, declara más de 100 periodistas muertos en Gaza desde que comenzó la guerra. Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, fue acusado por Rusia de espionaje, cargos que él, su empleador y el gobierno de Estados Unidos han descrito como motivados políticamente. Y, en la India, el novelista Arundhati Roy, un crítico del primer ministro Narendra Modi, está siendo procesado en virtud de una legislación antiterrorista por comentarios hechos sobre Cachemira en 2010. Amrit Dhillon informó sobre una carta firmada por más de 200 académicos, activistas y periodistas protestando contra la decisión.

Con la extrema derecha en ascenso y el espectro de una presidencia de Donald Trump en el horizonte después del atentado contra Trump y la renuncia a ser candidato de Joe Biden, las cosas podrían empeorar para la prensa libre. Es vital defender la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un tema en perpetua discusión. Hace unos meses, el politólogo Denis Ramond, explicaba que, más allá de un principio jurídico, se trata de un arma política. Y el abogado Nicolas Hervieu afirmaba que “siempre es mejor arriesgar la libertad de expresión que amordazarla”. Hace unos días, con motivo de la suspensión por parte de Radio Francia del comediante Guillaume Meurice, tras la renovación de su broma llamando a Benjamin Netanyahu «nazi sin prepucio», me preguntaba una vez más cuáles son sus límites (los de la libertad de expresión, no los de Meurice).

Porque, si bien casi todo el mundo está de acuerdo con el principio de libertad de expresión, pocos están de acuerdo con sus contornos. Y, como demuestra el caso Guillaume Meurice, la ley no sirve de mucho. Porque la desestimación de la denuncia contra él por “provocación de violencia y odio antisemita” e “insultos públicos de carácter antisemita” no impide su suspensión por parte de su empleador.

Está muy bien que existan los límites que marca la ley, pero son deficientes y sólo resuelven los casos más evidentes. Mientras que, en ciertos hechos, la reprobación moral (sin condena judicial) puede equivaler a exclusión. En definitiva, podríamos cansarnos de un debate que da la impresión de empezar siempre de nuevo.

No hay foro ni caso tribunal que no sea invocado. Intelectuales, para señalar los riesgos de la autocensura; artistas, para proteger el arte y el humor. Una solución para poner fin a esta situación sería endurecer el marco jurídico, reprimiendo con más fuerza a los autores de comentarios racistas y antisemitas, como pasó con la creación del delito de apología del terrorismo. Pero podemos ver que no lo cubre todo. Además, ¿debería hacerlo? 

Hay dos niveles, el del derecho y el de la moral pública. Es mejor que el primero no sea demasiado extenso. Hay, por lo menos, una razón para ello: la ley no tiene en cuenta quién habla (en virtud del principio de igualdad ante la justicia), aunque es una cuestión central en la moral pública. Para decirlo de otra manera: contado por un no judío, un chiste judío puede volverse antisemita rápidamente.

Pero si la ley deja muchos problemas sin resolver, debemos aceptar la disputa, el desacuerdo y la confrontación. Y, sobre todo, debemos aceptar que el problema inevitablemente vuelve, que los límites de la libertad de expresión se reexaminan constantemente. Lo que significa volver a hablar del tema cuando vuelve a surgir. Lo que también significa escuchar cosas que no quieres escuchar, argumentos que no quieres oír. Chocando con la mala fe, la política disfrazada de falsos principios. 

Pero claro, esto es parte de la vida democrática. Lo digo como si fuera fácil…