El artículo del diario británico “The Guardian”, escrito por Linda Kinstler el 26/6/2025, plantea una pregunta urgente y profunda: ¿sigue vivo el derecho internacional o ha perdido toda su fuerza? Frente a los conflictos actuales (Ucrania, Gaza, Irán, India-Pakistán), muchos juristas se preguntan si los tratados y normas que regulan la convivencia global tienen hoy alguna eficacia real.
El artículo analiza con preocupación el colapso progresivo del derecho internacional como herramienta de regulación, justicia y control entre los Estados. A partir de ejemplos actuales y testimonios de juristas de primer nivel, la autora plantea que estamos viviendo una etapa crítica, donde las normas globales pierden vigencia ante el avance del poder, la impunidad y el cinismo estatal.
El debilitamiento de las instituciones es muy evidente. En abril de 2025, un grupo de terroristas mataron a 26 civiles en la ciudad india de Pahalgam, ubicada en la región fronteriza montañosa de Cachemira. India culpó rápidamente a Pakistán por el ataque, lanzó ataques con misiles hacia él y anunció que estaba suspendiendo el tratado de aguas del Indo, amenazando con cortar tres cuartas partes del suministro de agua a Pakistán, violando el Tratado del Indo y las leyes internacionales sobre recursos hídricos. El abogado Ahmad Aslam lo resume: » Incluso si Pakistán presentara una queja ante una de las instituciones creadas para resolver disputas entre los estados: el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPI), cualquier decisión que resultara casi con certeza no sería respetada. Ya no hay mucho que se pueda hacer. El derecho internacional depende de la buena fe de los Estados, y esa fe se ha erosionado».
Aunque las instituciones siguen activas, se ha instalado una sensación de inutilidad en La Haya. Ni las sentencias ni las denuncias logran impedir ni revertir crímenes. La guerra en Gaza y la ocupación israelí lo ejemplifican.
La retirada de EE. UU. de tratados (Acuerdo de París, OMS, Consejo de DD. HH. de la ONU), su hostilidad contra el TPI y el uso político del veto en el Consejo de Seguridad, han debilitado el sistema. El «Acta de Invasión de La Haya» incluso permite a EE. UU. usar la fuerza si uno de sus ciudadanos es juzgado internacionalmente.
A lo largo del tiempo, el derecho internacional ha pasado de ser un ético freno a la barbarie, a convertirse en un lenguaje al servicio del poder. Israel, Rusia, EE. UU. e incluso Hamas justifican sus acciones invocando normas legales que en la práctica violan. «No importa a qué tribunal te acerques, no vas a obtener justicia», dijo Aslam. «Y los civiles están atrapados en esta red de geopolítica que no es de su propia creación».
El caso de Israel y el uso de bombas de racimo en 2006 (violatorias del principio de proporcionalidad) dio lugar a la «Doctrina Dahiya»: el uso deliberado de fuerza desproporcionada como estrategia militar. Esto marcó, según el jurista Itamar Mann, «el principio del fin del derecho internacional como freno efectivo a la violencia».
El derecho, como lenguaje, ha sido capturado. Ya no limita: en muchos casos, decora o justifica la brutalidad.
Es descorazonador el fracaso de la justicia penal internacional. El Tribunal Penal Internacional (TPI), creado en 1998, era el sueño de una justicia global. Pero tras 27 años sólo ha producido 11 condenas, todas en África. Esto ha generado acusaciones de neocolonialismo.
A pesar de emitir órdenes de arresto simbólicas (Putin, Netanyahu), es improbable que se cumplan: ni Rusia, ni EE. UU., ni Israel reconocen al tribunal.
Durante la última década, las instituciones clave que defienden el orden internacional se han visto disminuidas, paralizadas o comprometidas. La reciente retirada de Estados Unidos de una amplia gama de organizaciones y acuerdos internacionales: los acuerdos climáticos de París, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha dañado aún más el sistema. Las sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional (CPI) han socavado la credibilidad de la corte y han creado serios obstáculos financieros para sus investigaciones de crímenes de guerra en Ucrania y Gaza.
El consejo de seguridad de la ONU ha estado estancado durante más de una década, gracias al poder de veto de sus miembros permanentes. Las amenazas de Trump de ocupar Groenlandia y Canadá y apoderarse del canal de Panamá han socavado aún más el ya deshilachado edificio del derecho internacional. Incluso plantear la posibilidad de estas acciones claramente ilegales, perjudica la norma legal, porque las hace pensables.
La detención de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, en aplicación de una orden de arresto dictada en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI) por el crimen de lesa humanidad de asesinato en relación con los homicidios cometidos en la “guerra contra las drogas”, también está siendo impugnada.
Hablar del “derecho internacional” como simplemente un conjunto de reglas y acuerdos es un medio para expresar la creencia de que los perpetradores de crímenes globales deben ser castigados al igual que los delincuentes nacionales, y expresar incredulidad cuando no lo son. Hablar del «derecho internacional» es conjurar un conjunto particular de imágenes: el alto mando alemán esperando sentencia en Nuremberg, criminales de guerra y genocidas en juicio en La Haya. Estos son episodios del “derecho penal internacional”, el que más ferozmente discuten los políticos, los medios de comunicación y el público.
Pero hoy en día, hay una creciente sensación en la gente de que el derecho penal internacional es un proyecto fallido. Pocos abogados están dispuestos a defenderlo sin precauciones. «La brecha entre las aspiraciones del derecho penal internacional y la realidad para las personas sobre el terreno, es cada vez mayor», dijo Adil Haque, profesor de derecho de la Universidad de Rutgers. «Y eso es un problema para la ley, porque se supone que la ley logra cosas en el mundo real».
Las perspectivas y las miradas críticas se multiplican. Hay voces que merecen ser escuchadas:
Raji Sourani (jurista palestino): «Usamos el derecho internacional para proteger la dignidad humana. El problema son los Estados que lo aplican de forma selectiva».
Martti Koskenniemi (jurista finlandés): «El TPI refleja el idealismo ingenuo de los años 90, hoy desmantelado por la realidad geopolítica».
Dire Tladi (juez de la CIJ): «El problema no es el derecho, sino la política. La ley está ahí, pero el poder la ignora». «El derecho internacional reflejará el mundo que construyamos. La pregunta no es si sobrevivirá el derecho. Es si sobreviviremos nosotros sin él.»
¿Qué hacer entonces? ¿renacer desde la crisis?
La esperanza no se deposita ya en la justicia tradicional, sino en nuevos frentes: el cambio climático podría ser el tema que reactive el derecho internacional. El reciente caso ante la CIJ por obligaciones ambientales estatales muestra una posible renovación desde abajo. Para muchos expertos, sólo una crisis global podrá forzar la reforma de las instituciones internacionales.
La advertencia es clara: «El derecho internacional sobrevivirá, pero reflejará el mundo que construyamos».
Como conclusión podemos decir que este artículo no busca provocar miedo, sino activar una reflexión honesta. La deslegitimación del derecho internacional no es inevitable, pero sí peligrosa. No se trata de tener fe ciega, sino de asumir que sin normas compartidas, si los Estados siguen violando normas impunemente, si los tribunales son ignorados, y si la ciudadanía pierde la fe en la justicia, en el derecho internacional, el mundo se encaminará hacia la ley del más fuerte. Aún estamos a tiempo de actuar.
«El problema no es la ley. El problema es lo que hacemos con ella.»
