Los nuevos monarcas no llevan corona

Llevamos años, muchos años, discutiendo sobre la monarquía con la pasión de quien cree estar debatiendo el corazón del problema, cuando quizás sólo estamos examinando el marco del cuadro. Nos indignamos, con razón, ante la idea de que una jefatura del estado pueda heredarse como quien hereda una finca, un reloj de bolsillo o una vajilla familiar.

Nos parece intolerable, y para mí lo es, que en pleno siglo XXI alguien pueda ostentar una posición pública por una combinación de apellido, protocolo y azar biológico. Nos escandaliza que la sangre siga cotizando en el mercado institucional.

Y, sin embargo, mientras discutimos si una corona es compatible o no con la democracia, aceptamos con una serenidad casi zen que otros poderes mucho más obscenos, mucho más arbitrarios y mucho menos controlados, condicionen nuestras vidas sin necesidad de pasar por las urnas, por el Parlamento ni, si me apuran, por la vergüenza.

Ese es el gran truco de nuestra época: hacernos creer que el viejo problema del poder está resuelto porque ya no lleva armiño.

La monarquía, al menos, tenía la cortesía de no fingir. El rey mandaba porque sí. Porque había nacido donde convenía, porque Dios —siempre muy diligente en estos asuntos— lo había señalado con el dedo, o porque la historia había decidido que unas familias estaban hechas para mandar y el resto para agachar la cabeza con elegancia. Era un sistema brutal, sí, pero de una honestidad casi conmovedora. No necesitaba disfraces retóricos. No hablaba de meritocracia. No montaba campañas de imagen. No decía “estamos escuchando a la ciudadanía”. El rey no escuchaba a la ciudadanía. La ciudadanía, en el mejor de los casos, escuchaba al rey. Y si no, ya se encargaba alguien de recordarle el protocolo.

La república llegó para romper ese hechizo. O, al menos, para intentarlo. Llegó con la promesa más moderna y más revolucionaria que se haya formulado nunca en política: que nadie nace con derecho a mandar sobre los demás. Que el poder no es patrimonio, sino delegación. Que la soberanía no desciende del cielo, sino que asciende desde abajo. Sobre esa base se levantó la gran arquitectura de la modernidad política: constituciones, parlamentos, elecciones, división de poderes, ciudadanía. Un mundo imperfecto, sin duda, pero infinitamente más digno que aquel en el que la nación entera debía arrodillarse ante el útero correcto.

Y, sin embargo, aquí estamos. En teoría, casi todos viven en repúblicas o democracias parlamentarias. En la práctica, cada vez se parece más a una mala restauración del absolutismo, sólo que con mejores asesores en el departamento de comunicación.

El fenómeno tiene muchos nombres, pero uno de ellos resulta especialmente útil por su poder descriptivo y por su incomodidad: “neomonarquismo”. No se trata, conviene aclararlo, de una defensa nostálgica de la corona ni de un club de reaccionarios empeñados en devolvernos a la peluca empolvada y al candelabro. Es algo bastante más contemporáneo y bastante más peligroso. Es la reaparición de una lógica monárquica sin necesidad de monarquía formal. Es la resurrección del poder personal, patrimonial y casi dinástico dentro de sistemas que siguen llamándose democráticos para no asustar a los inversores.

El neomonarca no necesita trono. Le basta con una red social, un aparato mediático, un séquito de fieles (sobre todo, ligados a las nuevas tecnologías) y la convicción profunda de que el estado no es una institución pública, sino una extensión de su voluntad. Ya no dice “L’état c’est moi” como Louis XIV, porque sería demasiado francés y algo teatral. Dice algo más eficaz: “Sólo yo puedo arreglar esto”. Y con esa frase, que parece salida de un anuncio de detergente autoritario, convierte la política en un asunto de fe personal, no de reglas compartidas.

El líder deja de ser un representante sometido a límites para convertirse en una especie de soberano emocional. No gobierna con instituciones, sino con lealtades. No administra un país, administra una corte. Su familia aparece en lugares estratégicos. Sus socios orbitan alrededor de las decisiones públicas. Sus amigos confunden la diplomacia con una cena privada. Sus enemigos no son adversarios, sino traidores. La ley no desaparece, ¡claro! simplemente se vuelve decorativa. Sigue ahí, como esos jarrones carísimos en las casas donde nadie se atreve a poner flores.

La vieja monarquía heredaba el poder por sangre. La nueva lo hace por una combinación más sofisticada: fortuna, espectáculo, tecnología, propaganda y la habilidad de vender excepcionalidad como si fuera liderazgo. Los nuevos monarcas no siempre nacen en palacio, a veces nacen en un plató, en una torre de oficinas o en una burbuja financiera. Algunos llegan con votos, otros con acciones, otros con algoritmos. Todos comparten el mismo impulso: desconfían de los controles, desprecian los procedimientos y consideran que la institucionalidad es un estorbo de gente gris incapaz de comprender su grandeza.

Y lo peor, la mayor tragedia, es que una parte del mundo les cree.

Porque el neomonarquismo no se impone sólo por la fuerza, también seduce. Se presenta como solución al caos. Como remedio frente a la lentitud democrática. Como antídoto contra la discusión interminable, el pluralismo molesto y la burocracia insoportable. ¿Para qué tantos contrapesos?, nos dicen. ¿Para qué tanta mediación? ¿Para qué tantos jueces, periodistas, funcionarios, parlamentos, expertos, normas y garantías? Todo eso ralentiza el progreso. Todo eso impide la eficacia. Todo eso frustra el sueño húmedo del mando vertical: una sola voz, una sola dirección, una sola voluntad. La fantasía eterna del poder sin obstáculos. La vieja canción de cuna de todos los autoritarismos.

Lo fascinante —y lo siniestro— es que esta lógica no se limita a países formalmente autoritarios. También infecta repúblicas, democracias liberales y monarquías parlamentarias. Puede instalarse en cualquier sitio donde la ciudadanía se acostumbre a una idea venenosa: que la política no consiste en limitar el poder, sino en encontrar a la persona adecuada para entregárselo. Es una mutación cultural antes que institucional. Empieza cuando dejamos de exigir reglas y empezamos a pedir salvadores. Cuando dejamos de defender procedimientos y empezamos a idolatrar personalidades. Cuando preferimos el gesto al derecho, el relato a la norma, la épica al control.

Y entonces la república sigue en pie, sí, pero empieza a sonar hueca. Se vota, desde luego. Se celebran elecciones, se agitan banderas, se recitan constituciones, se convoca a la ciudadanía a cumplir con el ritual. Pero detrás del escenario, el reparto real del poder empieza a parecerse cada vez menos a la soberanía popular y cada vez más a una fusión entre oligarquía, plutocracia y monarquía sentimental. Los ciudadanos eligen gobierno, los grandes intereses eligen márgenes. La población decide quién sale en la foto, otros deciden qué se puede tocar y qué no. Es una democracia con perímetro vallado.

Por eso conviene desconfiar del debate demasiado estrecho sobre monarquía o república cuando se formula como si fuera un problema puramente ornamental. Claro que importa. Importa mucho. No es una frivolidad discutir si una jefatura del Estado puede heredarse. No lo es en absoluto. Pero reducir la discusión política a esa pregunta es como discutir sobre el uniforme de los guardias mientras se privatiza la cárcel.

Porque la verdad incómoda es esta: hoy hay países formalmente republicanos que funcionan con reflejos monárquicos, y hay democracias que empiezan a desarrollar hábitos cortesanos. El poder se personaliza, se familiariza, se mercantiliza. Se rodea de aduladores. Se legitima con una mezcla de providencialismo laico, testosterona patriótica y culto al líder. Se vacían las instituciones mientras se conservan los decorados. Y todo eso sucede sin necesidad de cambiar una sola palabra en la Constitución, que es una forma muy elegante de demoler una casa dejando intacta la fachada.

La dictadura, al menos, suele llegar con menos complejos. Cuando se instala de verdad, deja claro que la discrepancia es un lujo peligroso y que la libertad depende del humor del poder. No siempre se anuncia como dictadura, por supuesto. Ninguna tiranía contemporánea tiene la cortesía de presentarse con un cartel que diga “Hola, vengo a suprimir derechos”. Pero, tarde o temprano, enseña el truco. El neomonarquismo, en cambio, es más sinuoso. Puede convivir durante mucho tiempo con elecciones, tribunales, periódicos y constituciones, mientras los vacía lentamente desde dentro. No necesita cerrar la puerta de golpe, le basta con cambiar la cerradura mientras seguimos dentro.

Y luego está la teocracia, que es la forma más eficiente de blindar el poder porque convierte la política en catecismo. Allí donde disentir no es sólo estar en desacuerdo, sino pecar, la libertad se convierte en una travesura de alto riesgo. Pero sería un error pensar que la tentación teocrática sólo existe donde el poder se reviste explícitamente de religión. También aparece cuando ciertos líderes se rodean de un aura casi sagrada, cuando la nación se vuelve un objeto litúrgico, cuando la tradición se usa como dogma y cuando cualquier crítica se trata como profanación. Hay muchas maneras de fabricar herejes sin necesidad de sotana.

Por eso el problema de fondo no es únicamente qué nombre recibe el régimen, sino cómo circula el poder dentro de él. Quién lo controla. Quién se beneficia. Qué límites encuentra. Qué coste tiene oponerse. Qué parte de la vida pública está realmente abierta al escrutinio y qué parte se ha convertido en un coto privado y tiene sus peligrosos límites y consecuencias. La monarquía clásica nos enseñó que el poder hereditario es incompatible con la igualdad política. La república nos recordó que la legitimidad exige ciudadanía. Pero nuestro tiempo añade una lección nueva y bastante amarga: se puede conservar la liturgia democrática mientras se degrada su substancia hasta hacerla irreconocible.

Quizás por eso el régimen más característico de nuestro tiempo no sea la monarquía, ni la meritocracia, ni siquiera la república, sino algo mucho más viscoso: el “neomonarquismo”, una plutocracia emocional (¡Nooo, no viene del perro Pluto! Viene del griego ploutos: «riqueza» y kratos: «poder»). Se caracteriza por la preponderancia de los ricos en la gestión del Estado. Mandan o condicionan todo los muy ricos, los hiperconectados, los propietarios de infraestructuras invisibles, los fabricantes de relato, los que convierten influencia en soberanía. Y al resto se le ofrece participación simbólica, indignación programada y una dosis diaria de espectáculo para que confunda ruido con poder. Es una fórmula extraordinaria: te dejan votar, te dejan opinar, te dejan gritar… siempre que no interfieras demasiado en lo importante.

La ironía final es devastadora. Nos burlamos de los reyes porque heredan privilegios, pero toleramos sin demasiado escándalo que una pequeña aristocracia económica y tecnológica condicione gobiernos enteros. Denunciamos —con razón— la pompa de las casas reales, mientras aceptamos que algunos magnates privados tengan más capacidad de decisión sobre la conversación pública, la información, el trabajo, la guerra o la intimidad que muchos ministerios. Nos reímos de la corona y luego obedecemos al algoritmo. Abolimos el cetro y besamos la pantalla. ¡Hay que jo####!

Tal vez la pregunta ya no sea sólo si queremos monarquía o república. Tal vez esa discusión, siendo necesaria, se ha quedado corta. La pregunta decisiva es si queremos instituciones fuertes o caudillos eficientes; ciudadanía o clientela; ley o voluntad; democracia o corte. Si estamos dispuestos a seguir confundiendo liderazgo con excepcionalidad, riqueza con legitimidad y carisma con derecho a mandar. Si vamos a seguir aceptando que el poder se disfrace de modernidad mientras recicla los peores instintos del feudalismo.

Porque eso es, en el fondo, el neomonarquismo. El regreso del privilegio con vocabulario de innovación. La restauración del mando personal con estética de futuro. La vieja pulsión de mandar sin límites, ahora envuelta en branding, geopolítica y tecnosoluciones. Una monarquía sin corona, sin genealogía oficial y, por eso mismo, mucho más difícil de combatir.

Los nuevos monarcas no llevan capa. Llevan traje, móvil, una nube de accionistas, asesores y una narrativa cuidadosamente pulida. No viven necesariamente en palacios, aunque algunos tengan varios. No siempre apelan a Dios, aunque muchos se crean elegidos. No necesitan súbditos obedientes de rodillas, les basta con ciudadanos cansados, polarizados y entretenidos a quienes azuzan con buenas dosis de “pseudoinformación”.

Y ahí está la verdadera tragedia política de nuestro tiempo. Tal vez la monarquía no regresó. Tal vez nunca se fue. Sólo se quitó la corona, la cambió por una gorra de béisbol, aprendió a hablar de libertad, se abrió una cuenta en redes y nos convenció de que obedecer también podía parecer progreso.

Porque el problema ya no es que haya reyes. El problema es que hemos aprendido a llamar modernización a lo que no deja de ser vasallaje. Y quizás el verdadero desafío político de nuestro tiempo no consista en abolir coronas, sino en reconocer a tiempo a quienes ya se comportan como si el mundo les perteneciera.

Hoy en día, la corona ya no siempre se hereda, a veces se elige en votaciones legales, a veces se compra, a veces se viraliza. Y casi siempre, cuando queremos darnos cuenta, ya está mandando.