El Reino Unido y los derechos humanos

En el último minuto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) impidió el despegue del avión, el primero de una serie de vuelos en los que el Reino Unido iba a deportar a Ruanda a “decenas de miles de solicitantes de asilo”. Iba a ser una de las medidas más controvertidas de la política migratoria de Boris Johnson. Un mecanismo para “reubicar” en este país del este de África, a solicitantes de asilo que crucen de manera irregular el Canal de la Mancha.

Aunque lo llaman “reubicar”, en realidad, en la práctica, habría que hablar de deportaciones a un tercer país. El acuerdo con Ruanda, firmado en abril y que incluye una dotación de 120 millones de libras (unos 140 millones de euros), (que se ampliaría a medida que aumente el número de personas deportadas al país) establece, según se lee en el texto, “crear un mecanismo para la reubicación de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no están siendo consideradas por el Reino Unido, a Ruanda, que procesará sus solicitudes y acogerá o expulsará (según corresponda) a las personas después de que se analice su solicitud”.

“A partir de hoy, nuestro nuevo acuerdo de migración y desarrollo económico significa que cualquier persona que entre ilegalmente al Reino Unido, así como aquellos que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, ahora pueden ser reubicados en Ruanda”, dijo el primer ministro Boris Johnson el mismo día de la firma del acuerdo. Johnson añadió que se trataba de una medida “innovadora” hecha posible por “las libertades del Brexit”.

¿Os suena de algo? ¿Tal vez, de pagar a un país para que, voluntariamente (o sea a cambio de una suma de dinero) acoja las basuras radiactivas de otro? Pues, en este caso, hablamos de personas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado que la Convención Europea de Derechos Humanos no se aplica en Ruanda y no se pueden garantizar todos los derechos legales de los solicitantes de asilo.

En un principio los deportados en el vuelo iban a ser 130, pero los tribunales ingleses fueron reduciendo el número hasta llegar a sólo siete personas, que finalmente quedaron en tierra. La presión de Europa se hizo sentir.

Boris Johnson, por supuesto, ha defendido la legalidad de este mecanismo de deportaciones y ha anunciado que prepara un nuevo vuelo para llevarlo a cabo. Un duro revés para una de las medidas más controvertidas de la política migratoria del primer ministro. Pero, ¿acaso dudáis de que lo vuelva a intentar?

Las asociaciones en defensa de los derechos humanos se han pronunciado en contra del plan, al considerarlo una violación de las obligaciones de Reino Unido de asegurar los derechos de los solicitantes de asilo. El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó el acuerdo y confió en que ningún otro país siga su ejemplo. Guterres, a través de su portavoz, respaldó las críticas ya expuestas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, quien dijo que la deportación de solicitantes de asilo es “un error” que podría sentar “precedentes catastróficos”.

La oposición al plan ha llegado a las altas esferas de la Iglesia anglicana. En una carta al Times, 23 obispos encabezados por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby (máxima autoridad de la iglesia anglicana después de la reina Isabel II) definen el plan como una “política inmoral” que “avergüenza a Gran Bretaña”.

También se cuestiona la definición de Ruanda como “tercer país seguro”. En una carta dirigida al Ministerio del Interior británico, la organización “Human Rights Watch” escribe: “Ruanda no puede considerarse un tercer país seguro al que enviar solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el gobierno de los Estados Unidos, han informado sistemáticamente sobre las graves violaciones de derechos humanos en este país. El Gobierno del Reino Unido es consciente de esto, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto por los derechos humanos’”.

El director de Amnistía Internacional en Reino Unido, Sacha Deshmukh, ha tildado la política del gobierno de “cruel” y de “espectáculo vergonzoso”. “No debemos olvidar que las personas que anoche iban a ser expulsadas a Ruanda no han hecho más que ejercer su derecho a solicitar asilo en el Reino Unido”, ha dicho. “Todo este esquema mal concebido es una repetición desesperada y triste de un acuerdo similar y ahora abandonado, alcanzado por Israel en virtud del cual también expulsó a Ruanda a refugiados y personas que buscaban asilo”. Para Deshmukh el plan es “un abandono claro y vergonzoso de la responsabilidad del Reino Unido bajo la Convención de Refugiados”.

¿Y ahora qué? La ministra británica de Interior del Reino Unido, Priti Patel, en una entrevista a la cadena Sky New, afirmó “estar segura” de que el gobierno británico recurrirá la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Ante el aluvión de recursos recibidos contra las deportaciones, el primer ministro Johnson amenazó con sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos y acusó a los abogados que presentaron las demandas de ayudar a los traficantes que explotan a los refugiados en el Canal de la Mancha. “¿Será necesario cambiar algunas leyes para poder avanzar? Podría ser así y todas las opciones están en constante revisión”, dijo.

En respuesta a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Patel dijo que estaba “decepcionada” pero aseguró que mantendrán los planes. “No seremos disuadidos de hacer lo correcto y cumplir con nuestros planes para controlar las fronteras de nuestra nación”, afirmó. “Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo vuelo ya ha comenzado”.