Tras cuatro años de intensas negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó hace un mes, el 10 de abril, el nuevo Pacto de Migración y Asilo. La Eurocámara ha debatido y votado este miércoles 10 proyectos legislativos que actualizan las normas de asilo y migración del bloque comunitario.
Entre los principales escollos que han retrasado el pacto estaban las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos los menores no acompañados y sus familias, así como los procedimientos acelerados en la frontera que incluirán deportaciones rápidas para aquellos cuya solicitud no sea aceptada y procedan de países considerados seguros. Y diferencias sobre el reglamento para el control previo de entrada con el que identificar más rápidamente a quienes no recibirán protección.
El acuerdo endurece los requisitos de acogida, facilita los retornos, intensifica el control de fronteras y deja fuera la ampliación de vías legales y seguras, lo que ha hecho que sea duramente criticado por organizaciones humanitarias.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola ha comentado: «Se ha hecho historia. Hemos entregado un marco legislativo robusto sobre cómo abordar la migración y el asilo en la Unión Europea… Han pasado más de diez años en su elaboración, pero cumplimos nuestra palabra. Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Este es el camino europeo».
“Nosotros debemos ser quienes deciden quién viene a la Unión Europea y bajo qué circunstancias, no los contrabandistas y traficantes.” dijo en su discurso Ursula Gertrud von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
El acuerdo establece la llamada “solidaridad flexible”: se mantiene el principio por el que el primer país al que ingresa un solicitante de asilo es el responsable de procesar su caso, pero al mismo tiempo fija cuotas de acogida que debe aceptar cada Estado miembro, aunque también permite eludirlas a cambio de pagar una compensación de 20.000€ o financiar medios o fondos por valor equivalente, por cada traslado rechazado.
Las cuotas establecen un reparto de 30.000 solicitantes de asilo para reubicar entre todos los estados miembros. Recordemos que en 2023 llegaron de forma irregular a la Unión Europea más de 286.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones.
El pacto migratorio también plantea un filtrado de investigaciones de manera acelerada de los solicitantes de asilo, para que aquellos que son rechazados puedan ser enviados rápidamente de vuelta a su país de origen o a otra nación.
Los solicitantes de asilo llegarán a los países europeos, donde pedirán protección y, mientras estén pendientes de la valoración de su petición de asilo, estarán en condiciones de detención migratoria en los territorios fronterizos, con lo que eso además causa para aquellas provincias, islas, territorios que son puntos de entrada. Estarán detenidos ahí hasta que no se les proporcione una respuesta en materia de su petición de asilo.
Parlamento europeo
Por otra parte, hasta ahora, desde un punto de vista legal, toda persona tiene derecho a buscar protección fuera de su país de origen o de residencia habitual y disfrutar de ella en caso de huir de un conflicto que pone su vida en peligro y tener fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Actualmente más de 100 millones de personas se encuentran en esta situación, de ellas 27,1 millones refugiadas en otros países, principalmente vecinos.
Es un derecho humano internacional recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Ginebra y la Constitución Española, entre otros. Consiste en la protección ofrecida por un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia.
A través de la Convención Internacional de Ginebra se establece quién es una persona refugiada y se decide a quienes se les garantiza el asilo. Fue aprobada en 1951 con el fin de proteger a los refugiados europeos después de la 2ª Guerra Mundial. España y más de 140 países la han firmado y están obligados a su cumplimiento.
El principio de no devolución prohíbe a los estados por el Derecho Internacional expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentran amenazadas o en el que pueda sufrir tortura, tratos inhumanos o vulneración de sus derechos humanos fundamentales.
O sea, había uniformidad por parte de los Veintisiete de que cuando había personas que huían de la guerra, de la violencia, de los conflictos armados, si conseguían llegar a Europa, podían pedir una solicitud de asilo. Pueden pedir protección en otro Estado y si les dan asilo, se convierten en “refugiados”.
Pero lo que hace este pacto es decir: como nos pueden llegar de repente olas y olas de posibles refugiados, es decir, gente que está saliendo de una guerra que puede ser Ucrania, Siria o Irak, nosotros decidimos si esto es un momento de crisis. En ese reglamento de crisis nos reservamos el derecho a anular el respeto a la Convención de Ginebra.
Organismos como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han denunciado que el pacto será “devastador” para los derechos humanos al poner más obstáculos para acceder al derecho de protección internacional, entre otras cosas, el derecho de asilo.
Más de 50 organizaciones sin fines de lucro han avisado en una carta abierta de que el pacto migratorio permitirá a los países detener de forma arbitraria a niños y expulsar a los inmigrantes a lo que el acuerdo llama «terceros países seguros».
La organización Save the Children se muestra preocupada y denuncia que el nuevo pacto puede facilitar la retención de niños en frontera y su permanencia en instalaciones policiales. No hay una solidaridad obligatoria.
“Este pacto no es una solución a la crisis migratoria porque no detiene la violencia en las fronteras, no detiene este modelo de externalizar la gestión de fronteras, no está abordando condiciones de acogida seguras ni dignas para solicitar asilo, no va a respetar que las organizaciones humanitarias podamos dar asistencia humanitaria y no va a poner fin a las devoluciones en las fronteras arbitrarias ni a la detención de personas”, subraya Raquel Gonzalez Juárez Coordinadora en España de Médicos Sin Fronteras (MSF).