El mayor peligro es una deriva moral colectiva

El mayor peligro de nuestra época no es un líder aislado. Ni siquiera una política concreta. Es algo mucho más profundo: una deriva moral colectiva que convierte en normal lo que debería escandalizarnos.

No ocurre de golpe. No se anuncia con claridad. Se filtra en las declaraciones oficiales, se desliza en los prejuicios cotidianos, se legitima en discursos que minimizan el sufrimiento ajeno. Lo que ayer habría sido motivo de rechazo unánime, hoy apenas suscita comentario. Lo inaceptable se vuelve parte de la “realidad” y la conciencia cede terreno a la resignación.

Cuando la crueldad se normaliza, la mentira se convierte en herramienta legítima y la deshumanización pasa a ser un recurso retórico más. Lo más inquietante es que este proceso no siempre genera alarma inmediata. Al contrario, produce una falsa sensación de estabilidad. Todo sigue funcionando. Las calles están llenas. Los mercados abren. La vida continúa.

Este fenómeno se observa con nitidez en las políticas de inmigración de Estados Unidos, un país que se jacta de sus principios democráticos y de respeto a los derechos humanos, pero que en los últimos años ha intensificado una represión migratoria que ha costado vidas y socava valores básicos. 

El pasado 7 de enero de 2026, en Minneapolis, una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE Agentes Antinmigración de Estados Unidos en inglés) terminó con el asesinato de Renee Nicole Macklin Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, madre de tres hijos y vecina comprometida con su comunidad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Good en conferencia de prensa de presuntamente cometer «terrorismo doméstico». Porque, según ella, la mujer que falleció intentó atropellar a agentes con su camioneta de color “vino tinto”.

Según informes oficiales, Good fue abatida por un agente de ICE cuando intentó alejarse en su vehículo durante el operativo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y altos funcionarios defendieron la acción de sus agentes, calificándola como “defensa propia”. 

Sin embargo, videos del incidente y testimonios cuestionan esa versión oficial y apuntan a una respuesta desproporcionada ante una presencia civil que no representaba una amenaza alguna.

En un vídeo hecho público por un medio de extrema derecha, se muestra cómo uno de los agentes del servicio antimigratorio de EEUU se baja de su vehículo y rodea el vehículo de la mujer, un Honda Pilot de color granate, que está maniobrando para retomar la marcha, mientras se escucha la sirena del coche del ICE. “Está bien, tío. No estoy enfadada contigo”, le dice Renée Good al agente con tranquilidad.

El asesinato no sólo desencadenó protestas en Minneapolis y otras ciudades de EE. UU., sino también un debate nacional: ¿cómo es posible que una mujer, descrita por familiares y amigos como una persona amable y gentil, acabe muerta a manos de agentes federales bajo narrativas contradictorias y defensas oficiales rígidas?

Este no es un caso aislado. Operativos migratorios intensificados han estado acompañados de múltiples muertes, detenciones masivas y un uso cada vez más laxo de la fuerza en nombre de “seguridad” y “orden”. 

El presidente Donald Trump y sus colaboradores como Stephen Miller, han retratado sistemáticamente a las personas inmigrantes como “escoria de la peor calaña”, “asesinos, violadores y locos”, asociándolas con la violencia de las pandillas, el narcotráfico y la inflación. 

Este tipo de dinámicas no son exclusivas de un país ni de un periodo concreto, pero el caso de Estados Unidos ofrece una ilustración particularmente contundente: cuando las instituciones dejan de ser instrumentos de protección para convertirse en instrumentos de represión, la línea que separa el Estado de derecho de la arbitrariedad se vuelve difusa.

Y aquí está el punto central: no es sólo que ciertas políticas sean duras o controvertidas. El problema real ocurre cuando la sociedad no reacciona con indignación proporcional al daño humano que producen esas políticas. Cuando las explicaciones oficialistas se aceptan sin escrutinio. Cuando los medios legitiman discursos que degradan la empatía o justifican la violencia institucional. Esa adaptación colectiva, lenta pero consistente, es la que constituye la verdadera amenaza moral.

Porque una democracia no se define únicamente por sus leyes, sino por los valores que la sostienen: respeto por la vida, reconocimiento de la dignidad humana, capacidad de autocrítica. Cuando estos valores se erosionan, las instituciones sobreviven, pero pierden su propósito ético.

La normalización de prácticas represivas bajo la excusa de la seguridad, también tiene efectos secundarios: desensibiliza a la opinión pública, reduce la capacidad de empatía, y convierte en rutina lo que debería escandalizarnos. Ya no hablamos de vidas humanas, sino de cifras, de “operativos exitosos”, de “costos necesarios”. Ese lenguaje es sintomático: por cada victimización individual que pasa a ser un dato estadístico, la sociedad pierde una pieza de su brújula moral.

La deriva moral colectiva no exige consenso absoluto, ni unanimidad. Basta con que suficientes ciudadanos acepten narrativas cada vez más degradantes, o no se opongan con firmeza, para que la democracia se desplace hacia un terreno donde el uso de la fuerza se asimila a la normalidad. Ese desplazamiento es silencioso, pero profundo.

La pregunta que deberíamos hacernos no es sólo qué medios utiliza un gobierno en particular, sino qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Porque las democracias fuertes son aquellas que resisten la tentación de justificar lo injustificable en nombre de la conveniencia o la eficiencia.

La memoria de casos como el de Renee Good nos interpela a buscar más transparencia, más responsabilidad pública y —sobre todo— una respuesta moral colectiva que no ceda ante la costumbre de lo inaceptable.

El problema nunca es sólo el líder que cruza límites. La historia lo ha demostrado una y otra vez y lo sigue demostrando. El verdadero problema es la multitud que aprende a mirar hacia otro lado, que adapta su escala de valores a la nueva normalidad, que rebaja el umbral de lo aceptable para no tener que enfrentarse al conflicto interno que produce decir “esto está mal”.

No se trata sólo de partidos políticos, ni de ideologías, ni de bandos. La deriva moral no distingue colores políticos: se instala allí donde la empatía se suspende y el otro deja de ser percibido como un igual. Basta con etiquetarlo, reducirlo, convertirlo en símbolo de una amenaza abstracta. En ese momento, el daño deja de doler. La injusticia deja de importar. Incluso la muerte puede parecer justificable.

Pero la deriva moral colectiva no se impone sólo desde arriba. Se construye desde abajo, en conversaciones privadas, en redes sociales, en silencios cómplices. Se refuerza cuando la mentira se repite lo suficiente como para parecer plausible, cuando la violencia se explica como necesidad, cuando el abuso se disfraza de orden.

¡No debería sorprendernos lo que debería escandalizarnos! Y sin embargo, lo que realmente escandaliza es la rapidez con la que hemos aprendido a aceptar demasiado fácilmente lo que nunca debimos dar por descontado.

La historia reciente nos ofrece ejemplos estremecedores de este proceso. Personas corrientes —vecinos, votantes, ciudadanos que se consideran decentes— asumen relatos que despojan de humanidad a otros seres humanos. No lo hacen necesariamente por maldad explícita, sino por adaptación. Porque oponerse exige esfuerzo, valentía y, a veces, renuncias. Y no todo el mundo está dispuesto a pagarlas.

Hay un instante difícil de localizar con precisión en el tiempo. No ocurre de golpe ni se anuncia con estruendo. No aparece en los titulares ni se señala con el dedo. Es un momento silencioso, casi íntimo, en el que algo que antes nos habría resultado intolerable deja de parecérnoslo tanto. No porque haya dejado de ser grave, sino porque nos hemos acostumbrado a convivir con ello.

Ese instante marca el inicio de una deriva moral colectiva.

No empieza con grandes crímenes ni con decisiones abiertamente monstruosas. Empieza con excusas. Con justificaciones prácticas. Con frases como “no será para tanto”, “algo habrá hecho”, “es complejo”, “no sabemos toda la historia”. Empieza cuando la incomodidad moral se vuelve molesta y preferimos apartarla para seguir con nuestra rutina.

Pero ninguna deriva moral ocurre sin consecuencias. Cuando se cruza cierta frontera, no sólo se daña a las víctimas directas: se erosiona el tejido que sostiene la convivencia. Se debilita la confianza. Se rompe el pacto implícito de humanidad compartida. Y reconstruir eso lleva generaciones.

La neurociencia y la psicología social llevan décadas advirtiéndolo: los seres humanos somos extraordinariamente capaces de adaptarnos a contextos degradados si eso nos permite conservar una idea de normalidad. No necesitamos creer que algo es bueno, basta con convencernos de que es inevitable o ajeno a nuestra responsabilidad.

La historia también enseña otra cosa: las derivas morales no son irreversibles. Pero sólo se detienen cuando suficientes personas deciden dejar de adaptarse. Cuando el miedo a señalar es menor que el miedo a perder lo que nos hace humanos.

Tal vez no podamos impedir que ciertos líderes crucen líneas. Pero sí podemos impedir que esas líneas desaparezcan. Porque cuando la moral colectiva se derrumba, ya no queda ningún dique que contenga el daño.

Y entonces, casi siempre, ya es demasiado tarde.

Por eso, neguémonos a normalizar lo inaceptable, no dejemos de llamar a las cosas por su nombre, recordemos que la legalidad no sustituye a la ética y que el consenso no convierte en bueno lo que es injusto.