Nunca más

A la historia de la infamia argentina —de cuyo inicio se cumplió ayer medio siglo— no pasarán únicamente Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, Orlando Ramón Agosti, Armando Lambruschini y los demás responsables directos de las juntas militares. Junto a ellos deben ser recordados también sus cómplices necesarios: quienes, desde los despachos, las empresas, los ministerios, los medios o el silencio interesado, hicieron posible el terror, legitimaron la barbarie y se beneficiaron del sufrimiento de un pueblo entero.

Porque el horror no fue obra de unos pocos uniformados. Fue también el resultado de una red de complicidades civiles, económicas y políticas que permitió que la violencia se convirtiera en sistema y que la crueldad se administrara como forma de gobierno.

Mientras el miedo se extendía por las calles, por las fábricas, por las universidades y por los hogares, miles de trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas, docentes, artistas, intelectuales y ciudadanos anónimos fueron secuestrados, torturados, asesinados o desaparecidos. Fueron arrancados de sus casas en mitad de la noche, separados de sus hijos, de sus padres, de sus compañeros, de sus sueños. Cada desaparecido fue una vida truncada. Cada ausencia fue una mesa vacía. Cada familia rota fue una herida abierta en el corazón del país.

Y entre los nombres que no deben quedar nunca cubiertos por el olvido está el de José Alfredo Martínez de Hoz, todopoderoso Ministro de Economía de Videla y uno de los principales arquitectos del daño social que acompañó al terrorismo de Estado.

Porque la dictadura no sólo secuestró, torturó y mató. También impuso un modelo económico brutal, pensado para disciplinar a la sociedad, destruir derechos y concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Bajo Videla y Martínez de Hoz, mientras funcionaban centros clandestinos de detención y se multiplicaban las desapariciones, la Argentina se empobrecía, la inflación se disparaba, la deuda externa crecía de manera escandalosa y se desmantelaba el tejido productivo y social que había sostenido a millones de familias.

Martínez de Hoz fue un modelo para quienes se aprovecharon del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, que era una forma cínica de hablar del golpe de estado militar.

Las medidas de Martínez de Hoz no fueron meros tecnicismos económicos. No fueron cifras frías ni decisiones neutras. Tuvieron nombres, rostros y consecuencias humanas. Cerraron fábricas, destruyeron empleos, arrasaron pequeños proyectos de vida, empujaron a miles a la pobreza y condenaron a generaciones enteras a la incertidumbre. Detrás de cada índice, de cada ajuste, de cada apertura indiscriminada, hubo familias enteras quebradas por la angustia, por la pérdida del trabajo, por el miedo al mañana. Hubo hogares que dejaron de sostenerse, barrios que comenzaron a vaciarse, sueños que nunca volvieron a levantarse.

Por eso es tan importante decirlo con claridad: la represión y el modelo económico no fueron dos historias separadas. Fueron parte de un mismo proyecto. Se necesitó del terror para imponer un plan que, en condiciones de plena libertad y democracia, habría encontrado una resistencia legítima y masiva. Se hizo desaparecer también para disciplinar. Se sembró el miedo también para que pasara el saqueo.

Martínez de Hoz fue, en ese sentido, el símbolo de una Argentina para pocos: una Argentina donde sobraban millones, donde el mercado valía más que la dignidad humana, donde el sufrimiento de las mayorías era aceptable si garantizaba privilegios para una minoría.

Y por eso, cincuenta años después, la memoria no puede ser sólo un ejercicio de evocación. Debe ser también una herramienta para comprender el presente y para evitar que, bajo nuevos nombres y nuevos discursos, se repitan viejas recetas que ya demostraron su capacidad de destruir vidas.

Hoy, cuando desde el poder se vuelven a exaltar ideas de desregulación extrema, de achicamiento feroz del Estado, de desprecio por lo público y de sacrificio social en nombre de una supuesta salvación económica, es imposible no recordar algunas de las líneas maestras de aquel proyecto impulsado por Martínez de Hoz.

No se trata de igualar tiempos históricos distintos ni de confundir una democracia con una dictadura. La magnitud del horror del terrorismo de Estado es única, irreparable e incomparable. Pero sí se trata de advertir, con responsabilidad histórica, que ciertas políticas económicas, cuando se aplican con fanatismo e insensibilidad social, vuelven a golpear a los mismos de siempre: a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a las pequeñas empresas, a las familias que viven de su esfuerzo cotidiano.

La historia enseña, si queremos escucharla. Y enseña que detrás de ciertos discursos que prometen modernización, eficiencia o libertad, a veces se esconde una lógica profundamente cruel: la de considerar descartables a millones de personas, la de convertir el sufrimiento social en daño colateral, la de medir el país sólo en balances y no en vidas humanas.

No hay verdadera libertad cuando una familia no sabe si podrá comer mañana o si su madre o su padre podrá ser atendido de su enfermedad.

No hay verdadera libertad cuando se destruye el trabajo.

No hay verdadera libertad cuando se condena a los más vulnerables a pagar el precio de decisiones tomadas desde la comodidad del privilegio.

Y no hay progreso posible cuando la economía se construye sobre el dolor, la exclusión y el abandono.

Las cifras del horror siguen estremeciendo: miles de desaparecidos, presos políticos, asesinados, exiliados y familias enteras condenadas al duelo sin cuerpo, a la búsqueda interminable y al silencio impuesto. Y aún hoy, medio siglo después, siguen faltando nietos por recuperar, identidades por restituir, víctimas por localizar y verdades por completar.

Por eso recordar no es un gesto del pasado: es una obligación del presente. Recordar es abrazar a quienes todavía buscan. Es honrar a quienes ya no están. Es defender la democracia no sólo como sistema electoral, sino como compromiso real con la justicia social, con los derechos humanos y con la dignidad de cada persona.

Las nuevas generaciones tienen derecho a saber lo que pasó. Tienen derecho a conocer que hubo un tiempo en que el Estado persiguió a su propio pueblo. Que hubo civiles que se enriquecieron mientras otros eran secuestrados y torturados. Que hubo políticas económicas que destrozaron familias enteras mientras se hablaba de orden, eficiencia o reorganización. Y tienen también el deber de aprender que ningún país se salva humillando a su gente, ni destruyendo su memoria, ni llamando libertad a la crueldad.

Que este aniversario no sea una ceremonia vacía. Que sea un acto profundo de conciencia colectiva. Que sirva para mirar de frente nuestra historia, para nombrar a los responsables, para honrar a las víctimas y para advertir, con firmeza y sin miedo, que la democracia debe defenderse también de los proyectos que, aunque lleguen por otras vías, repiten la lógica del descarte, del privilegio y del sufrimiento impuesto a las mayorías.

Porque un país que olvida está condenado a tropezar con sus peores sombras. Pero un país que recuerda, que enseña, que nombra y que repara, puede construir un futuro más digno.

Por los desaparecidos.

Por las familias rotas.

Por las madres y abuelas que nunca dejaron de buscar.

Por los hijos, los nietos, los amigos y conocidos que siguen sosteniendo la memoria.

Por quienes perdieron la vida.

Por quienes perdieron el trabajo.

Por quienes perdieron su hogar, su voz, su juventud o su patria.

Por todos ellos, por todos nosotros, por los que vienen detrás: Memoria, verdad y justicia.

Para aprender. Para no callar. Para no repetir.

¡¡¡Nunca más!!!