Hay fechas que aparecen en el calendario para recordar algo que preferiríamos no tener que recordar. El 10 de octubre es una de ellas. Cada año, el Día Mundial contra la Pena de Muerte nos obliga a mirar hacia una de las zonas más incómodas de la condición humana: nuestra capacidad para matar y, todavía más inquietante, nuestra capacidad para convertir esa muerte en una decisión legal, en un procedimiento administrativo, en una sentencia pronunciada en nombre de todos.
Porque cuando un Estado ejecuta a una persona, no estamos simplemente ante un individuo que mata a otro. Estamos ante una sociedad que decide que matar puede ser, en determinadas circunstancias, una forma legítima de hacer justicia.
Y ahí comienza nuestro cuestionamiento: ¿Puede la justicia convertirse en aquello mismo que pretende condenar?
En 2026, esta pregunta adquiere una dimensión particularmente humana. La campaña internacional del Día Mundial contra la Pena de Muerte está dedicada este año y el próximo a las “Historias para la vida”, precisamente para recordar que detrás de la expresión “pena capital” no existen abstracciones, sino personas: víctimas, familiares, condenados, abogados, funcionarios, testigos, comunidades enteras. Vidas que quedan marcadas para siempre por una decisión irreversible.
Y entre todas esas historias hay una que resulta casi imposible de olvidar.
Se llama Darlene Farah.
Una madre frente a una pregunta imposible.
El 20 de julio de 2013, Shelby Farah, de 20 años, trabajaba en una pequeña tienda de teléfonos móviles de Jacksonville, Florida.
James Rhodes entró para robar. Llevaba un arma. Shelby hizo lo que le pidió. Entregó el dinero y mantuvo las manos levantadas.
Rhodes le disparó.
Shelby murió allí mismo.
Su madre, Darlene, quedó destrozada.
Hasta aquí podría parecer otra de las innumerables historias de violencia que llenan los periódicos. Una joven asesinada. Una familia rota. Un culpable detenido. Un proceso judicial. Una petición de justicia.
Pero entonces ocurrió algo extraordinario.
El Estado de Florida quería pedir para James Rhodes la pena de muerte.
Y Darlene Farah dijo que no.
No lo dijo porque creyera que Rhodes fuera inocente. No lo dijo porque hubiera olvidado a su hija. No lo dijo porque el asesinato no hubiera sido brutal.
Lo dijo precisamente porque era su hija.
Durante casi cuatro años, Darlene hizo algo que para muchas personas resultaba incomprensible: luchó para impedir que el hombre que había matado a Shelby fuera ejecutado.
Se informó sobre él. Contrató a un investigador privado. Conoció su infancia. Descubrió una historia de abandono, drogas, violencia y abusos. Rhodes había crecido en un entorno devastador y había pasado parte de su infancia en instituciones. Darlene llegó a la conclusión de que aquella historia no justificaba el asesinato de Shelby, pero sí demostraba algo que para ella era fundamental: comprender a un criminal no significa justificar su crimen.
Y decidió perdonarlo.
No fue una decisión sencilla. Tampoco fue una historia sentimental de reconciliación instantánea.
Dentro de la propia familia hubo desacuerdo. Uno de sus hijos llegó a apoyar la pena de muerte y se enfrentó durante un tiempo con su madre. Darlene recibió críticas. La fiscalía cuestionó públicamente sus motivos. Algunos pensaron que su postura era incomprensible.
Pero ella continuó.
Más de 32.000 personas llegaron a apoyar su petición para que la fiscalía renunciara a solicitar la pena capital. Publicó un artículo en Time, habló con medios de comunicación, participó en un documental y finalmente acudió a los tribunales para defender una idea que parecía casi una contradicción: la madre de la víctima pidiendo clemencia para el asesino.
Su argumento era devastadoramente sencillo.
Matar a Rhodes no devolvería a Shelby su vida.
Y añadir otra muerte no repararía la primera.
La justicia no tiene por qué parecerse a la venganza.
En marzo de 2017, después de casi cuatro años de proceso, James Rhodes se declaró culpable de asesinato en primer grado y otros delitos.
Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de otras penas. No saldría de prisión. La pena de muerte había desaparecido del acuerdo.
Darlene había conseguido aquello por lo que llevaba años luchando.
Pero lo más extraordinario todavía estaba por suceder.
Durante aquella última comparecencia judicial, Darlene habló directamente al hombre que había matado a su hija. Rhodes rompió a llorar y la sesión tuvo que interrumpirse.
Después, Darlene pudo reunirse con él cara a cara.
Hablaron durante aproximadamente una hora.
No fue un encuentro para borrar el crimen. Ni para convertir al asesino en una víctima inocente. Ni para fingir que Shelby podía regresar.
Fue, en cierto modo, el intento de una mujer de impedir que aquel asesinato siguiera multiplicándose.
Porque una muerte había producido dolor. El dolor había producido odio. El odio podía producir otra muerte.
Y Darlene decidió detener la cadena en ella.
Hay algo profundamente radical en esa decisión.
No porque perdonar sea obligatorio. No lo es.
Una víctima no tiene ninguna obligación moral de perdonar a quien le ha hecho daño. Nadie puede exigirle magnanimidad a una persona que acaba de perder a alguien que ama.
Lo extraordinario en Darlene Farah es que convirtió su propia decisión en una defensa pública de algo mucho más amplio: el derecho del Estado a castigar no debería convertirse automáticamente en el derecho a matar.
Un mundo que avanza y retrocede.
La historia de Darlene podría parecer una rareza norteamericana. No lo es.
La pena de muerte sigue siendo una realidad en distintas partes del planeta.
En 2025, Amnistía Internacional registró al menos 2.518 ejecuciones en 15 países, la cifra más alta documentada desde 2015. Irán, Arabia Saudí, Irak y otros países concentraron una parte enorme de esas ejecuciones. Sólo Irán registró al menos 2.159 ejecuciones según el recuento de Amnistía, y Arabia Saudí alcanzó al menos 356, su cifra anual más elevada registrada.
Y hay una paradoja terrible: buena parte de esas ejecuciones no tiene que ver siquiera con asesinatos.
En 2025, al menos 1.257 ejecuciones conocidas, el 46% del total registrado, estuvieron relacionadas con delitos de drogas.
Mientras tanto, en otros lugares del mundo la historia avanza en dirección contraria.
A finales de 2025, 113 países habían abolido completamente la pena de muerte y 145 la habían abolido en la ley o en la práctica. En Europa y Asia Central no se registraron ejecuciones ni nuevas condenas a muerte durante 2025.
Y este mismo año, 2026, ha sucedido algo que habría parecido difícil de imaginar durante buena parte de la historia contemporánea: Líbano ha abolido oficialmente la pena de muerte, convirtiéndose en el primer país de Oriente Medio en hacerlo.
No todo son avances.
Estados Unidos continúa ejecutando personas y en 2025 registró 47 ejecuciones, la cifra más alta desde 2009. Fue, además, el único país de América que ejecutó personas por decimoséptimo año consecutivo.
Y eso nos devuelve a Darlene Farah.
Porque su historia sucedió precisamente allí.
¿Qué gana una sociedad cuando mata?
Ésta es probablemente la pregunta que deberíamos hacernos cada 10 de octubre.
No: “¿Qué hizo el asesino?”
Eso ya lo sabemos.
No: “¿Merece castigo?”
Naturalmente que sí.
La pregunta verdaderamente difícil es otra:
¿Necesitamos matarlo para demostrar que el asesinato está mal?
La pena de muerte parte de una idea aparentemente sencilla: existen crímenes tan atroces que quien los comete pierde el derecho a vivir.
Pero entonces aparece un problema que no es pequeño.
¿Quién decide exactamente dónde está esa frontera?
¿El juez? ¿El jurado? ¿El fiscal? ¿La sociedad? ¿La ley?
¿Y qué hacemos cuando nos equivocamos?
Porque los tribunales pueden equivocarse. Los investigadores pueden equivocarse. Los testigos pueden equivocarse. Los peritos pueden equivocarse. Los jurados pueden equivocarse.
Una condena injusta puede corregirse.
Una persona encarcelada injustamente puede ser liberada.
Una ejecución no admite rectificación.
La muerte no contempla recursos de apelación.
Amnistía Internacional registró en 2025 una exoneración de una persona condenada a muerte en Estados Unidos. No es una cuestión teórica: el sistema judicial puede condenar a muerte a una persona que no debería estar allí.
Y hay otra cuestión todavía más incómoda.
La pena de muerte no se aplica en un vacío social. Las desigualdades económicas, raciales, sociales y la calidad de la defensa jurídica pueden influir en quién termina en el corredor de la muerte.
La justicia debería ser precisamente el lugar donde esas desigualdades desaparecieran.
No donde adquirieran una forma irreversible.
Shelby no volverá.
Hay una frase de Darlene Farah que contiene, quizás, toda la discusión: “Matarlo no va a traer a mi hija de vuelta.”
No es una frase jurídica. Es una frase de madre. Y precisamente por eso resulta tan poderosa.
Darlene no consiguió que el crimen dejara de existir. No consiguió recuperar a Shelby. No consiguió que su familia volviera a ser la que era antes de aquel 20 de julio de 2013.
Ella misma explicó que la muerte de Shelby había destrozado a toda la familia.
Lo único que pudo decidir fue qué hacer con el dolor.
Podía convertirlo en una nueva muerte. O podía impedir que aquella muerte tuviera una segunda parte.
Eligió lo segundo. Eso no convierte a Darlene en una santa. Tampoco convierte su postura en una obligación para todas las víctimas.
La convierte en algo quizás más interesante: una mujer que, desde el lugar más doloroso desde el que se puede hablar, decidió cuestionar la idea de que la justicia necesita matar para ser justicia.
No se trata de tener compasión por el asesino
Existe un malentendido frecuente cuando se habla contra la pena de muerte.
Parece que quien se opone a ella está defendiendo al criminal. No necesariamente.
Se puede considerar monstruoso un crimen y, al mismo tiempo, considerar inaceptable que el Estado mate al responsable.
Se puede exigir una condena durísima y rechazar la ejecución.
Se puede defender a las víctimas sin defender la venganza.
Y se puede pensar que una persona debe pasar el resto de su vida en prisión sin creer que la sociedad tiene derecho a quitarle la vida.
La diferencia es esencial. Una cosa es castigar. Otra es eliminar.
Una cosa es decir: “Has cometido algo terrible y responderás por ello”. Otra muy distinta es decir: “Ahora nosotros haremos contigo aquello que consideramos intolerable cuando lo hizo otro”.
Quizás ahí se encuentre una de las grandes pruebas de una civilización. No en cómo trata a quien nos gusta. Ni siquiera en cómo trata a quien ha hecho el bien. Sino en qué límites está dispuesta a imponerse a sí misma cuando tiene razones para odiar.
La última palabra: el 10 de octubre no debería ser solamente un día para recordar estadísticas.
Debería ser un día para recordar nombres.
Shelby Farah.
Darlene Farah.
James Rhodes.
Y tantos otros nombres que aparecen en las listas de ejecutados, condenados, indultados, exonerados o desaparecidos durante décadas en los corredores de la muerte.
Porque detrás de cada cifra hay una historia.
Y detrás de cada historia hay personas.
La campaña internacional de 2026, “Stories for Life”, parte precisamente de ahí: humanizar una discusión que demasiadas veces se convierte en un enfrentamiento abstracto entre partidarios y detractores de la pena capital.
Quizás sea necesario hablar menos de “criminales” y más de seres humanos. Menos de “pena capital” y más de vidas. Menos de venganza y más de justicia. Y, sobre todo, preguntarnos qué clase de sociedad queremos ser cuando alguien comete el peor de los delitos.
Porque una civilización no demuestra su humanidad únicamente cuando protege a los inocentes.
También la demuestra cuando se niega a cruzar determinadas fronteras, incluso frente al culpable.
Darlene Farah perdió a su hija. No pudo cambiar aquello. Pero consiguió algo extraordinariamente difícil: que el asesinato de Shelby no terminara produciendo otra muerte.
Quizás ésa sea la verdadera lección de este 10 de octubre. La justicia puede encerrar al culpable. Puede condenarlo. Puede proteger a la sociedad. Puede reconocer el dolor de las víctimas. Pero quizás no necesite matar.
Porque cuando una sociedad decide que matar es una forma de justicia, la pregunta ya no es solamente qué ha hecho el condenado.
La pregunta pasa a ser: ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros para demostrar que matar está mal?
Y esa pregunta, precisamente porque no tiene una respuesta cómoda, merece que la sigamos haciendo cada 10 de octubre.